Por corrupción extinguirán bienes en el Huila

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La operación de extinción de dominio en el condominio Alicante en el oriente de Neiva.La operación de extinción de dominio en el condominio Alicante en el oriente de Neiva.

Un total de 68 bienes, adquiridos ilegalmente en el Huila en escandalosos casos de corrupción serán expropiados por vía administrativa en diferentes procesos que se adelantan en el país, confirmó la Fiscalía General de la Nación.

Las propiedades, valoradas en 62.500 millones de pesos se encuentran en proceso de extinción de dominio, con medidas cautelares, independientemente de los procesos penales que se adelantan por la supuesta desviación de recursos del régimen subsidiado, fraudes en el trámite de pensiones e incapacidades en las dependencias de Sanidad Militar y cobro de sobornos.

Entre los bienes figuran 28 propiedades del ex director de Comfamiliar, Armando Ariza Quintero, avaluadas en 10.500 millones de pesos, así como inmuebles de la empresa Revivir en liquidación y otros personajes procesados por la presunta defraudación.

El secuestro material de estas propiedades realizado el 16 de febrero del año pasado, incluyó otros cuatro inmuebles corresponden a las sedes de la IPS Revivir en Neiva y Pitalito y además, cuatro propiedades del ex alcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón, según lo reportó la directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, Andrea Malagón.

En la relación aparecen otros 38 bienes avaluados en 50.000 millones de pesos pertenecientes de militares activos y retirados, profesionales de la medicina y particulares, involucrados en el trámite irregular de pensiones e incapacidades médicas.

Los bienes figuran entre las 6.500 propiedades ocupadas el año pasado, valorados en 5,1 billones de pesos, incluyendo activos incautados a grupos armados, carteles de las drogas, bandas criminales y casos de corrupción.

Entre los bienes afectados se encuentran 1.300 inmuebles (fincas de recreo, apartamentos, casas, lotes y parqueaderos), 86 establecimientos comerciales, 49 sociedades, 275 automóviles, 21 motocicletas, 6 lanchas y 4.496 semovientes.

Los bienes de Ariza

Por el escándalo en la salud, develado en mayo de 2015, la Fiscalía ocupó 35 bienes en el Huila, 27 del ex director de Comfamiliar Armando Ariza Quintero, entre los cuales figuran apartamentos, locales, bodegas, lotes y predios rurales en Neiva, Bogotá, Cartagena, Rivera y Yaguará.

En una primera fase, el fiscal 35 Carlos Nicolás Sotomontes ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los bienes Ariza Quintero y su núcleo familiar.

En proceso de extinción figuran dos apartamentos en el condominio Alicante en el oriente de Neiva, que se encontraban en proceso de reconstrucción. En el mismo conjunto figuran dos parqueaderos, un garaje, un local y un depósito. Además, una casa (330,32 metros cuadrados) en el conjunto Alicante Neiva.

La Fiscalía dispuso el secuestro de un lujoso apartamento en el edificio Murano Beach Haouse, localizado en el exclusivo sector de La Boquilla en Cartagena.

También aparece en trámite de expropiación el apartamento 403 localizado en un conjunto residencial ubicado en la carrera 17 con calle 88 en Bogotá.
Igualmente un local en la Avenida 80 y otro local (2007) en el centro comercial El Portal de la 80 en Bogotá.

Propiedades rurales

En la diligencia se profirieron medidas cautelares contra otros predios rurales en Neiva, Yaguará y Rivera.

En la lista figuran la finca Chipaca, 247 hectáreas en Yaguará, los predios ‘La Colorada’ de 188 hectáreas en Yaguará y ‘El Neme’ (36.882 metros cuadrados) en Aguas Calientes, Rivera.  En este sitio aparece un lote en el sitio ‘El Convento’ de 3.000 metros cuadrados.

En la región de San Francisco (Neiva) aparecen en la diligencia judicial los predios ‘El Chupadero’ de 12 hectáreas, ‘La Fumata’, 42 hectáreas y ‘Los Blanquitos’ de 14 hectáreas.

También será objeto de extinción una casa campestre en el condominio Bosques de Cantabria (Casa B09) Neiva y un lote urbano 306,25 metros cuadrados en Neiva ubicado en la calle 6 con carrera 10.

Asimismo aparece la Estación de Servicio con bodega, casa, enramada 530 metros cuadrados ubicad calle 1-4-30 en sociedad con el empresario Edgar Perdomo.
En los bienes objeto de extinción también figuran un semirremolque (tráiler) para transportar mercancías y una moto Harley Davidson color negro.

Caso Revivir

La Fiscalía tramita igualmente la extinción de dominio de la sociedad Revivir IPS y las tres sedes de sus establecimientos comerciales en Neiva y Pitalito.

Están en proceso de extinción las oficinas ubicadas en la carrera séptima con carrera once en pleno centro de Neiva y la sede ubicada en la avenida La Toma con carrera 16.
Sede de Revivir en Neiva.

La sociedad Revivir estaba representada por Victoria Suárez Ramos, quien figuraba como gerente liquidadora de Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, quien fue reemplazada.

Igualmente embargó una casa de 647 metros cuadrados ubicada en la Carrera Quinta con Calle Sexta en Pitalito de propiedad de la clínica Medilaser.

Bienes de Exalcalde

En otro proceso por una presunta desviación de recursos de la salud las medidas cautelares cobijaron igualmente algunos bienes del ex alcalde de Garzón Clodomiro Rivera, incluye un apartamento en el edificio Belmira 145 en Bogotá con su respectivo garaje.

También el 12,5% de la casa ubicada en la carrera 4 con cuarta en Garzón, su tierra natal y un automóvil Volkswagen Crossfox.

La diligencia judicial se originó por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la prestación de los servicios del régimen subsidiado de salud en el centro del Huila. El contrato fue  firmado en el 2003 por el abogado Clodomiro Rivera Garzón cuando se desempeñaba como alcalde encargado con la ARS Cajasalud, cuyo representante legal era Armando Ariza. Cajasalud subcontrató con la IPS Clínica Mediláser Ltda. Por estos hechos la Fiscalía acusó a los tres implicados.

En desarrollo del contrato la Fiscalía estableció que se habría presentado un peculado se $4.571 millones de pesos, con la tercerización utilizada para apropiarse de los recursos.

La ARS Cajasalud contrató con la clínica Mediláser la prestación del servicio de salud del régimen subsidiado en el II y III nivel, por un valor total de $3.350 millones. Mediláser subcontrató los mismos servicios con el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por $337.7 millones.

Escándalo en sanidad militar

En otro escándalo nacional, la Fiscalía recuperó numerosas propiedades de una red dedicada a defraudar el sistema de salud para militares. En proceso de extinción de dominio figuran 38 inmuebles avaluados en 50.000 millones de pesos. Entre ellos aparecen 20 casas, fincas, apartamentos, vehículos y establecimientos de comercio en varias ciudades del país especialmente en Bogotá, Villavicencio, Neiva y Popayán.

La organización estaba integrada por militares activos y retirados, en asocio con particulares y operaba desde Neiva, Bogotá y Medellín. La red se habría apoderado de por lo menos 25.000 millones de pesos del sistema de salud y pensiones de las Fuerzas Militares.

La red era, según las investigaciones era liderada, entre otros por el sargento primero Roberto Muñoz (fuera de servicio) quien fue capturado el 24 de abril de 2015. En Bogotá, lo hacía Julio César Zapata; en Medellín, César Alberto Posada Osorio.

Según la Fiscalía, Muñoz dirigía la red, Oscar Roberto Cediel Hoyos, agilizaba las citas médicas, mientras que el sargento Edgar Albeiro Gaviria Martínez era el encargado de programarlas.

Gaviria Martínez, encargado de programar las citas médicas, laboraba en la oficina de referencia y contra-referencia de sanidad militar en la Novena Brigada en Neiva.

Las capturas

El 15 de abril de 2015 fueron capturados 34 personas, entre ellas 17 militares retirados, 13 activos y 4 civiles.

Entre los militares figuran dos tenientes coroneles, un mayor, dos tenientes, un capitán, un sargento mayor, siete sargentos primeros, ocho sargentos segundos, cuatro sargentos viceprimeros, un cabo primero, un cabo segundo, dos soldados profesionales, tres médicos y un abogado.

A finales de octubre de 2015 la Fiscalía formuló la acusación por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada en grado de tentativa y falsedad en documento público.

“Los imputados falsificaban dictámenes médicos con el objetivo de obtener mayores indemnizaciones por incapacidades y a su vez obtener una pensión a la que no tenían mérito ya que no sufrían de problemas de audiometría, optometría o problemas de tipo psicológico”, explicó el fiscal encargado Jorge Rojas.

Actualmente 25 de los 34 detenidos permanecen con medida de aseguramiento. La mayoría están recluidos en la cárcel El Pedregal de Medellín (Antioquia).

Por estos hechos fueron vinculados el sargento Roberto Muñoz; el sargento viceprimero Édgar Albeiro Gaviria Martínez, el sargento segundo Óscar Roberto Cediel Hoyos, el teniente (r) Óscar Fernando Murcia Peña, el soldado profesional Gentil Menza Mosca y el cabo primero Otoniel Antonio Aguirre Cárdenas, el médico Julio Andrés Lozada Montes, el abogado José Ovidio Reyes Reyes y la sicologa, Graciela Marín Trujillo.

Al sargento Muñoz la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y prevaricato por acción.
El médico especialista en audiología Julián Andrés Lozada Montes emitía los conceptos sin estudios previos, con reportes que no correspondían a las patologías

Extinción por millonario soborno

El ex procurador de Bogotá, Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, quien intentó sobornar al entonces vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo para desviar la investigación que adelantaba contra el ex gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, no podrá disfrutar los bienes ilegalmente adquiridos.

El abogado huilense, paisano y amigo del ex vicefiscal, le exigió un soborno de 2.000 millones de pesos al ex mandatario de Cundinamarca, ‘enredado’ por el carrusel de la contratación.

Jovel Muñoz, de 37 años, compañero del colegio del ex vicefiscal recibió el dinero pero no pudo hacer la ‘vuelta’.  De éstos, el abogado César Augusto Ramírez Cuéllar Ramírez Cuéllar, ex funcionario de Medicina Legal de Neiva, recibió 350 millones de pesos.

Los dos, adquirieron varias propiedades, objeto de extinción de dominio, entre ellas tres casas en Neiva y un automóvil.

Según la investigación, Jovel Muñoz compró varias propiedades en los barrios La Gaitana y Yumaná.

En el caso de Jovel Muñoz, la Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio, un vehículo Mini Cooper, una camioneta Audi Q7 adquirida por 180 millones de pesos y un automóvil Hyundai Sedan. Entre otros bienes identificados en Neiva, le aparecen, una vivienda en la Avenida de Circunvalación distinguida con el No. 13A-16.
Igualmente una casalote en la calle 33B No. 1AW-25 ó 1DW-25, un lote en el condominio Yumaná (lote 24) y otro lote ubicado en calle 5A No. 25-12 ó calle 5B No. 23-12, lote 2, manzana Q.

En uno de los inmuebles aparece con Irma Rocío Rozo, su antigua novia y cuñada del ex gobernador preso y otro con el abogado César Augusto Ramírez.

Jovel Muñoz aceptó el año pasado los cargos y se declaró penalmente responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y coautor de cohecho por dar u ofrecer que le había imputado la Fiscalía. El ex funcionario será condenado a diez años de prisión.

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