Estados Unidos se ha convertido en un refugio seguro para políticos y hombres de negocios

KYRA GURNEY, ANJALI TSUI, DAVID IACONANGELO Y SELINA CHENG
kgurney@miamiherald.com
switzerland_davos_forum
imagen-16681558-2adinerados sospechosos de corrupción en sus países de origen. Aquí su fortuna e influencia los protege de ser arrestados.

Entran a este país con toda una variedad de visas, incluyendo una diseñada para estimular la inversión. Algunos han solicitado asilo, un recurso destinado a proteger a las personas que huyen de la opresión y la persecución política.

EL SECUESTRO “EXPRÉS” HACE SU APARICIÓN EN MIAMI

Una investigación hecha por ProPublica, en conjunción con el Centro Stabile de Periodismo Investigativo de la Universidad de Columbia, ha revelado que funcionarios que huyen de ser juzgados en Colombia, China, Corea del Sur, Bolivia y Panamá han encontrado refugio para sí mismos y para su fortuna en este país – el sur de la Florida es una de sus ubicaciones preferidas– aprovechando tanto un relajamiento en el cumplimiento de las leyes de EEUU como lagunas jurídicas en las regulaciones migratorias y financieras. Muchos han ocultado sus activos y sus compras de bienes raíces por medio de crear fideicomisos y compañías de responsabilidad limitada a nombre de sus abogados y familiares.

CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA IMPULSA MERCADO INMOBILIARIO DE MIAMI

El Congreso de Estados Unidos estableció el programa de inversiones EB-5 en 1990 como un modo de crear empleos para los estadounidenses y animar a las inversiones por parte de extranjeros.

La agencia a cargo de administrar el programa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha adoptado regulaciones diseñadas para prevenir el fraude, incluyendo el requerimiento de obligar a los inversionistas extranjeros a presentar pruebas, tales como declaraciones de impuestos y estados de cuentas bancarios, para probar que ellos han obtenido su dinero de manera legal
Se supone que las autoridades estadounidenses investiguen a los solicitantes de visas para asegurar que no se encuentren bajo investigación activa por cargos criminales. Pero la pesquisa de ProPublica muestra que este requisito ha sido ignorado rutinariamente.

Uno de los casos más prominentes es el de un ex presidente de Panamá, a quien se permitió entrar a Estados Unidos pocos días después de que la Corte Suprema de su país abriera una investigación acerca de cargos de que había ayudado a malversar $45 millones de un programa gubernamental de almuerzos escolares.

PANAMÁ SOLICITA A EEUU DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN DE MARTINELLI

Ricardo Martinelli, magnate multimillonario de los supermercados, había estado en la mirilla del Departamento de Estado desde que fuera electo a la presidencia en el 2009. Ese año, el embajador de EEUU en Panamá empezó a enviar cables diplomáticos advirtiendo acerca del “lado oscuro” del presidente, lo cual incluía sus vínculos con la corrupción y su pedido de apoyo por parte de EEUU para grabar las conversaciones de sus opositores.

Poco después de que Martinelli dejara su cargo en el 2014, fiscales panameños llevaron a cabo una investigación de corrupción ampliamente publicitada sobre el programa de almuerzos escolares, y a mediados de enero del 2015 enviaron sus conclusiones a la Corte Suprema de Justicia de ese país.

El 28 de enero del 2015, pocas horas antes de que la Corte Suprema admitiera una investigación por dichos cargos, Martinelli subió a bordo de un avión privado, voló a Ciudad de Guatemala para una reunión y luego entró a Estados Unidos con visa de visitante. En cuestión de semanas, estaba viviendo cómodamente en el Atlantis, un condominio de lujo Brickell Avenue, donde aún reside.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PIDE QUE SE EXPULSE A MARTINELLI DEL PARLACEN

El Departamento de Estado se negó a comentar sobre el caso de Martinelli, alegando que los expedientes de visas son confidenciales, y que es responsabilidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decidir a quién se permite entrar al país. La CBP dijo que las regulaciones de privacidad impiden a la agencia hacer comentarios sobre el caso de Martinelli.

Todos nuestros esfuerzos por comunicarnos con Martinelli antes de esta publicación, incluyendo una carta registrada enviada a su dirección postal en Miami, fueron en vano.

En septiembre de este año, Panamá solicitó la extradición de Martinelli, pero el ex presidente está combatiendo esa solicitud, alegando que no existen razones legales para hacerlo regresar a su país de origen, donde la investigación se ha ido ampliando para incluir operaciones de bolsa con conocimiento de información privilegiada, corrupción y abuso de autoridad. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema emitió una orden de arresto en su contra bajo cargos de que había usado fondos públicos para espiar a más de 150 opositores políticos. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 21 años de cárcel.

Rogelio Cruz, quien está defendiendo a Martinelli en la Corte Suprema de Panamá, dijo que el ex presidente “ha dicho que va a regresar cuando existan las condiciones adecuadas para el respeto al debido proceso, cuando haya jueces independientes –que no los hay, no los tenemos en Panamá”.

Luego de que este reportaje fue publicado en MiamiHerald.com, un portavoz de Martinelli contactó a uno de los autores. En una carta, el portavoz Luis Eduardo Camacho Castro dijo que Martinelli no había sido formalmente acusado con ningún delito en Panamá por la Corte Suprema y que todas las investigaciones tenían “motivaciones políticas”. Camacho aseguró que Martinelli se fue de Panamá porque su vida estaba en peligro debido a una persecución política. También dijo que las personas que implicaron a Martinelli en dos casos legales lo hicieron “sometidos a presiones psicológicos y tortura”.

Estados Unidos tiene medidas políticas explícitas que prohíben conceder visas a funcionarios extranjeros que enfrenten cargos criminales en sus países de origen. En el 2004, el presidente George W. Bush dio a conocer una proclamación diseñada para impedir que Estados Unidos se convirtiera en un refugio para funcionarios corruptos. La Proclamación 7750, la cual tiene poder y efecto de ley, instruyó al Departamento de Estado a que prohibiera la entrada de funcionarios que hubieran aceptado sobornos o malversado fondos públicos cuando sus actos tuvieran “efectos adversos serios en los intereses nacionales de Estados Unidos.”

Según las reglas implementadas por la orden de Bush, los funcionarios consulares no necesitan una condena o incluso cargos formales para justificar su decisión de negar una visa. Ellos pueden poner el cuño de “denegada” en base a información de fuentes no oficiales o informales, incluyendo artículos de periódicos, de acuerdo con diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado entrevistados para este reportaje.

El Departamento de Estado se negó a informar el número de veces que se ha invocado la Proclamación 7750, pero insistió en que ha sido usada “consistentemente”.

A través de los años, a una serie de funcionarios supuestamente corruptos se les ha negado la entrada a Estados Unidos, entre ellos el ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, el ex ministro de defensa de Camerún Remy Ze Meka, y el general filipino retirado Carlos García, de acuerdo con cables publicados por WikiLeaks. En el 2014, Estados Unidos negó la visa a 10 miembros del círculo íntimo del primer ministro de Hungría Viktor Orban a causa de alegaciones de corrupción.

Pero otros muchos funcionarios de gobiernos extranjeros, incluyendo a ex presidentes y ministerios de sus gabinetes, se han colado sin problema, de acuerdo con documentos judiciales, cables diplomáticos y entrevistas con fiscales y abogados defensores tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Los cargos contra ellos incluyen un amplio rango de conductas poco apropiadas, desde el robo de fondos públicos a la aceptación de sobornos.

Seis meses antes de que Martinelli entrara a Estados Unidos, un ex ministro de agricultura de Colombia y ex candidato presidencial de ese país, Andrés Felipe Arias, huyó a Miami tres semanas antes de ser hallado culpable de desviar $12.5 millones de un programa de subvenciones, destinado a reducir la desigualdad en las áreas rurales y proteger a los productores agrícolas contra los efectos de la globalización, para favorecer a adinerados partidarios políticos.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá había estado siguiendo de cerca el juicio de Arias y reportando sobre el escándalo en cables a Washington. En el juicio se presentaron documentos y testigos de acuerdo con los cuales, durante el mandato de Arias, el Ministerio de Agricultura había dado millones en subsidios a familias acaudaladas, algunas de las cuales, según reportes de prensa, habían hecho donaciones a los aliados políticos de Arias o a su campaña presidencial.

Las subvenciones fueron a parar a manos de familiares de miembros del Congreso, de compañías propiedad del hombre más rico de Colombia, y de una ex reina de belleza. Una poderosa familia y sus asociados recibieron más de $2.5 millones, de acuerdo con documentos dados a conocer por la fiscalía. Otra familia, que incluía a algunos familiares de un ex senador, recibió $1.3 millones. Ambas familias habían apoyado al principal aliado político de Arias, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, con contribuciones de campaña.

La ley que estableció el programa no prohibía a los terratenientes acaudalados recibir subsidios, pero algunas familias de la élite habían recibido múltiples subvenciones por las mismas fincas. Ellos engañaron al sistema por medio de presentar múltiples propuestas a nombre de diferentes miembros de la familia y de subdividir sus tierras de modo que pudieran solicitar subsidios por cada parcela, según indican documentos judiciales.

No obstante, en noviembre del 2013, mientras el juicio estaba todavía en curso, la embajada de EEUU en Bogotá renovó la visa de visitante de Arias. El Departamento de Estado se negó a discutir el caso, diciendo que los expedientes de visa son confidenciales. Pero una reciente solicitud presentada ante el tribunal federal mostró que la embajada de EEUU había marcado la solicitud de Arias, y le había pedido entregar documentos en apoyo de su solicitud de viaje a causa de sus cargos pendientes. Arias presentó documentos de los tribunales colombianos, incluyendo una orden judicial que lo autorizaba a viajar. Al final, la embajada le concedió la visa porque él todavía no había sido hallado culpable.

En la noche del 13 de junio del 2014, tres semanas antes de que los jueces lo hallaran culpable de peculado por apropiación, una ley colombiana que penaliza el uso no autorizado de fondos públicos para beneficiar a entidades privadas, Arias hizo sus maletas y subió a un avión. El mes siguiente, la embajada de EEUU en Bogotá revocó su visa. Pero Arias contrató a un abogado de inmigración, solicitó asilo y alegó que no había recibido un juicio imparcial.

“Si usted busca ‘cargos con motivaciones políticas’ en el diccionario, encontraría una foto de Andrés Arias justo al lado”, dijo David Oscar Markus, el abogado principal de Arias. “El caso [presentado en contra suya] es absurdo, y ni siquiera es un caso que sea reconocido en Estados Unidos”.

Durante los dos años siguientes, Arias construyó una nueva vida en el sur de la Florida con su esposa y dos hijos, abrió una pequeña empresa de consultoría y alquiló una casa en Weston.

El 24 de agosto, Arias fue arrestado por las autoridades de EEUU en respuesta a una solicitud de extradición de Colombia. Pasó varios meses en un centro de detención hasta que fue puesto en libertad bajo fianza a mediados de noviembre. Arias alega que Estados Unidos no puede extraditarlo porque no tiene tratado de extradición activo con Colombia, pero la oficina de la Fiscalía de EEUU no está de acuerdo. Una solicitud de asilo no protege a los acusados contra la extradición si son acusados en Colombia de un delito que esté cubierto por el tratado entre ambos países.

Sustrajo millones de las arcas del gobierno

En el 2003, titulares en todo el mundo reportaron protestas callejeras generalizadas en Bolivia que llevaron a que fuerzas de seguridad mataran a 58 personas, la mayoría de las cuales eran miembros de grupos indígenas. Poco después, cuando manifestantes salieron en masa a protestar a las calles de La Paz exigiendo su renuncia, el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a su cargo y huyó del país junto con su ministro de defensa José Carlos Sánchez Berzain.

Los dos hombres huyeron a Estados Unidos, donde residen hasta el momento. En el 2006, Sánchez Berzain solicitó asilo político, el cual recibió en el 2007. En su solicitud, donde el formulario le preguntaba: “¿Ha sido usted o algún miembro de su familia acusado, encausado, arrestado, detenido, interrogado, hallado culpable y sentenciado, o preso en algún país que no sea Estados Unidos?”, Sánchez Berzain marcó la casilla que indicaba “no”, aun cuando en ese momento tanto él como Sánchez de Lozada habían sido acusados formalmente de genocidio por la Fiscalía General de Bolivia. El encausamiento fue aprobado por la Corte Suprema de Bolivia en el 2007. Asimismo, Sánchez Berzain afirmó en su solicitud que el Departamento de Estado había hecho los arreglos para su viaje a Estados Unidos.

La administración de Sánchez de Lozada se había manifestado expresamente a favor de EEUU. Antes de que él fuera depuesto, funcionarios de la misma habían anunciado que facilitarían las exportaciones de gasolina a Estados Unidos.

Después de su partida, el fiscal general de Bolivia declaró públicamente que la administración había sustraído de forma ilegal millones de las arcas del gobierno, pero no presentó cargos formales. El dijo que Sánchez de Lozada había sacado alrededor de $22 millones de los fondos reservados del país antes de darse a la fuga.

Tanto Sánchez de Lozada como otros miembros de su administración han restado importancia a dichas alegaciones, calificándolas de ser parte de una campaña de difamación impulsada por motivaciones políticas, pero existen pruebas que sugieren que pudo haber habido irregularidades en el manejo de los fondos reservados. El ex presidente firmó un decreto poco antes de dejar su cargo, autorizando a los ministros del interior y de defensa a retirar dinero de los fondos reservados de Bolivia sin tener que pasar por el proceso normal de aprobación. El ex ministro del Interior del gobierno de Sánchez de Lozada se declaró culpable en el 2004 de peculado luego que se encontraran $270,000 en efectivo en casa de un asociado suyo.

Sánchez de Lozada, quien era un magnate minero antes de ascender a la presidencia, se fue a vivir a Chevy Chase, Maryland, un elegante suburbio de Washington, D.C. El vive ahora en una casa de ladrillo de dos pisos que fue adquirida por $1.4 millones por Macalester Limited, una compañía de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas, y cuya dirección postal principal es un apartado de correos en las Bahamas.

El estatus de inmigración de Sánchez de Lozada no está claro. El dijo en una deposición jurada en el 2015 que él no era ciudadano estadounidense. Su yerno, quien habló con ProPublica a nombre suyo, no quiso decir si Sánchez de Lozada había solicitado asilo.

Sánchez Berzain, entretanto, se estableció en el sur de la Florida. Documentos muestran que él y su cuñado son personalmente propietarios, o están listados como directivos o miembros de entidades de negocios que controlan conjuntamente propiedades inmobiliarias en Miami por un valor de unos

$9 millones.

Durante una entrevista llevada a cabo en enero, Sánchez Berzain dijo a ProPublica que no tenía compañías. Al preguntársele sobre varias de las compañías asociadas con su nombre o dirección postal en los archivos públicos, el ex ministro de Defensa dijo que él tenía una firma de consultoría que ayudaba a sus clientes a establecer compañías, y que a veces ellos añadían su nombre a la junta directiva de las mismas. Todos los esfuerzos hechos por contactar al cuñado de Sánchez Berzain, próspero empresario y dueño de una compañía de buses en Bolivia, fueron infructuosos. El cuñado de Sánchez Berzain no ha sido acusado de conducta impropia alguna.

La práctica de comprar propiedades inmobiliarias a nombre de una entidad de negocios como una compañía de responsabilidad limitada (LLC), es una práctica legal y común en los mercados de bienes raíces de lujo; la misma permite a celebridades y otros individuos acaudalados proteger su privacidad.

Pero dicha práctica permite asimismo a funcionarios extranjeros ocultar dinero obtenido de forma ilícita. Las regulaciones de EEUU permiten a individuos formar entidades de negocios de tipo LLC sin revelar la identidad del dueño beneficiario. Las LLC pueden ser registradas a nombre de abogados, contadores u otros asociados –o incluso de forma anónima en algunos estados– y usadas para comprar propiedades inmobiliarias, lo cual hace casi imposible determinar quién es el verdadero dueño de una propiedad.

En mayo, el Departamento del Tesoro estableció una nueva regulación que entrará en vigor plenamente en el 2018, y la cual requerirá de las instituciones financieras que identifiquen a los dueños beneficiarios de compañías fachada. Algunos activistas consideran que esta regulación es un paso de retroceso. La nueva regulación permite a compañías fachada que designen al gerente de la cuenta como dueño beneficiario, y ocultar de este modo la identidad de la persona que controla a la misma en última instancia.

SUR DE LA FLORIDA

 

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